El Ayuntamiento de Pamplona ha anunciado este lunes la puesta en marcha del Equipo de Detección y Atención a la Exclusión Residencial (EDAER), dotado con 140.500,63 euros para el segundo semestre de 2026. El dispositivo especializado prestará atención integral a personas en situación de calle, familias con menores, residentes en infraviviendas y hogares en riesgo de desahucio para abordar de manera integral, proactiva y personalizada las situaciones de vulnerabilidad habitacional más severas detectadas en el municipio.
Este proyecto se consolida, tras la experiencia piloto desarrollada desde finales de 2025 a mayo de 2026, financiada a través de un convenio con el Gobierno de Navarra, que aporta 103.449,69 euros para el último semestre de 2026. El proyecto responde a la necesidad de abordar las situaciones de calle, infravivienda, hacinamiento, subarriendos informales, dificultades de acceso al padrón y amenazas de desahucio. Bajo la tipología europea sobre el sinhogarismo ETHOS, EDAER se configura como un servicio interdisciplinar capaz de actuar tanto en la urgencia como en la prevención y el acompañamiento hacia la autonomía.
El concejal de Acción Social, Txema Mauleón Echeverría, ha destacado, en rueda de prensa, la importancia de consolidar este programa que no solo buscar atender al sinhogarismo, sino que incide en la prevención de la pérdida de vivienda, y en la mejora de la convivencia ciudadana.
Cuatro líneas de intervención, perspectiva de género y profesionales
El programa EDAER se articula en cuatro líneas principales de intervención. Por una parte, se ocupa de personas en situación de calle y asentamientos, en coordinación con el equipo de calle, para gestionar empadronamiento social y derivar a recursos habitacionales. También interviene con familias con menores en situación de calle, a las que ofrece atención urgente y prioritaria, con valoración del riesgo de desprotección infantil. Otra de las líneas afecta a personas en infraviviendas, bajeras, trasteros o vehículos: el programa realiza visitas de inspección junto a Policía Comunitaria, evalúa las condiciones de habitabilidad y valora planes de mejora o realojo. El programa interviene, asimismo, en la prevención de la pérdida de vivienda, con activación de prestaciones de emergencia, mediación vecinal y seguimiento para evitar el sinhogarismo.
El proyecto integra de manera transversal la perspectiva de género para identificar el sinhogarismo oculto que afecta de forma diferenciada a las mujeres. Entre sus prioridades, el programa garantiza itinerarios específicos de protección y apoyo a mujeres en exclusión residencial, familias monomarentales y víctimas de violencia machista.
Para desarrollar todas las acciones de intervención, se cuenta con una figura de gestión administrativa a jornada completa; dos figuras de trabajo social, una a jornada completa y la otra, a un cuarto de jornada; y tres figuras técnicas de nivel B, al 100% de jornada.
Diagnóstico de las familias en situación de vivienda inadecuada o insegura
Según la memoria elaborada por EDAER en la experiencia piloto desarrollada entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, para identificar y caracterizar las situaciones de vivienda insegura e inadecuada, el 8,5% de las familias atendidas en servicios sociales en Pamplona se alojan en viviendas inadecuadas, mientras que el 34,3% de dichas familias, viven en viviendas inseguras.
Por vivienda insegura se entiende a personas viviendo acogidas por familiares, sin tenencia legal, ocupación ilegal, bajo amenaza de desahucio o personas que viven bajo amenazas de violencia por parte de la pareja o de algún familiar. En cuanto a la vivienda inadecuada, se entiende aquellas personas que viven en estructuras temporales no convencionales como caravanas, vehículos, chabolas, bajeras o edificaciones no pensadas para que residan personas o en hacinamiento extremo.
El perfil más habitual de las personas que viven esta realidad corresponde a familias de origen migrante, mujeres con familia monoparental y menores. En ese sentido, cabe destacar que una de cada tres personas afectadas es menor de edad, dos de cada tres familias afectadas son de origen extranjero, y hay una sobrerrepresentación de familias monoparentales encabezadas por mujeres con hijos a cargo.
Los datos de ese informe se han obtenido a través de las Unidades de Barrio, con información de más de 1.300 unidades familiares atendidas por servicios sociales, que incluyen a más de 2.600 personas, mediante un enfoque cuantitativo y cualitativo, incluyendo entrevistas directas a personas afectadas y trabajo coordinado con profesionales y entidades del tercer sector. El objetivo ha sido dimensionar esta realidad y ponerla en el centro de la acción pública.
Uno de los mensajes clave del estudio es que vivir en estas condiciones genera una inseguridad permanente que afecta a todas las dimensiones de la vida cotidiana. Las viviendas inseguras e inadecuadas se asocian a un deterioro de la salud física y mental, a dificultades para la crianza, el adecuado desarrollo de los menores y la convivencia y al bloqueo del acceso a derechos básicos como el empadronamiento, y el empleo. Muchas personas permanecen mucho tiempo en estas situaciones como estrategia para evitar escenarios aún más graves, como la pérdida total de alojamiento.