El proyecto de ordenanza reguladora del acceso a las viviendas municipales del Ayuntamiento de Pamplona, denominada Aukera, ha recibido, durante su exposición pública, un total de 32 aportaciones, con el objetivo de mejorar y aclarar las condiciones que regirán el proceso de acceso a estos inmuebles. El informe, que detalla las aportaciones realizadas por colectivos, asociaciones, ciudadanía y el Equipo de Detección y Atención de Exclusión Residencial (EDAER), ha estimado 23 de las propuestas recibidas y ha rechazado nueve, lo que supone aceptar dos de cada tres iniciativas presentadas.
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona aprobó el pasado 26 de enero el proyecto de ordenanza, que sustituirá a la de 2016. Esta ordenanza regulará las condiciones de acceso a las viviendas municipales, con el objetivo de facilitar la inclusión social, a través de itinerarios de acompañamiento profesional. Desde el 27 de enero al 5 de febrero se abrió un periodo de aportaciones dirigido a la ciudadanía, colectivos y entidades interesadas. Además de aportaciones particulares, también han mostrado interés en la ordenanza la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social y el Equipo de Detección y Atención de la Exclusión Residencial, creado desde el área de Acción Social de del Ayuntamiento de Pamplona en diciembre de 2025 a través de un convenio de colaboración con el departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra.
Entre las aportaciones aceptadas, se encuentran el desarrollo de algunos aspectos técnicos como la creación de un baremo que gradúe las diferentes dimensiones de la exclusión social, así como una clasificación de infracciones en el caso de incumplimiento de las condiciones para que dan acceso a la vivienda. También se propone que sea motivo de exclusión del censo municipal el hecho de haber sufrido un lanzamiento por ocupación ilegal de una vivienda municipal o que el pago del alquiler puede hacerse por diversos medios, no únicamente por transferencia bancaria. Por otro lado, se ahondará en el desarrollo de apartados como el referido a viviendas de estabilización, sus vías de acceso y la obligatoriedad del acompañamiento; y se detallarán mejor los plazos de preaviso de cara al abandono de la vivienda cuando ya se haya extinguido el contrato.
El informe de aportaciones será ahora aprobado por la Junta de Gobierno, para que después el Pleno del Ayuntamiento de el visto bueno de forma inicial al proyecto de ordenanza. Después, la ordenanza se someterá a exposición pública para la presentación de alegaciones a las que se dará cumplida respuesta antes de que el expediente llegue a las respectivas comisiones para su debate. La aprobación definitiva por parte del Pleno sería el paso previo a la entrada en vigor que se daría con la publicación de la nueva ordenanza en el BON.
Viviendas para impulsar la inclusión social
La ordenanza Aukera prevé regular la gestión de las viviendas municipales de Pamplona, cuyo objetivo será impulsar la inclusión social de personas y familias en situación de vulnerabilidad. La ordenanza afectará a 613 viviendas municipales, de las que actualmente hay 215 destinadas a la emergencia habitacional a las que se sumarán las que se vayan rehabilitando o traspasando de otros tipos de contratos. Estos inmuebles tienen un carácter público y transitorio, no son viviendas finalistas sino temporales, de ahí que sean tratados como bienes dotacionales.
Una de las claves de la ordenanza es regular el acceso a estas viviendas, que irá de la mano de un itinerario y acompañamiento profesional para facilitar la incorporación al mercado inmobiliario normalizado. En concreto, la ordenanza se estructura en tres pilares, que incluyen la tipología de la vivienda, las condiciones de la persona o familia solicitante y el nivel de renta.
Los alquileres planteados no superarán los precios de la vivienda social baremados por el Gobierno de Navarra (532 euros para un piso de 80 metros cuadrados). No obstante, se prevén exenciones del 25%, 50%, 75% y del 100% en función de los niveles de renta de las personas o familias acogidas. Estas exenciones se irán modificando a medida que, gracias al acompañamiento social, la situación financiera de los y las residentes vaya mejorando.
Las personas o familias beneficiarias podrán permanecer en la vivienda asignada un máximo seis años a lo largo de los cuales recibirán asesoramiento y acompañamiento para posibilitar la inclusión social y la capacitación para el acceso al mercado inmobiliario normalizado lo antes posible. Las viviendas se disfrutarán en régimen compartido y se establecerán unas condiciones mínimas de convivencia que las personas beneficiarias estarán obligadas a cumplir.
Seis modalidades de alojamiento con itinerario de acompañamiento
La ordenanza prevé seis modalidades de alojamiento diferentes. Por un lado, habla de viviendas de emergencia habitacional económica, de estabilización y de transición. Por otro, incluye viviendas de emergencia habitacional por catástrofe o siniestro. A todo ello, se suman alquileres con contrato anterior a la fecha de publicación de la Ordenanza de Vivienda de 2016 y, por último, viviendas mediante convenio con entidades sin ánimo de lucro por interés municipal. Las condiciones de acceso a cada una de ellas varían, así como la permanencia. No obstante, todas contemplan un programa de acompañamiento para facilitar la inclusión en el mercado mobiliario ordinario.