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Pamplona se suma a la petición para reformar el bono social y crear un foro de participación de municipios que proponga medidas efectivas contra la po

Firma con Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Rivas-Vaciamadrid, Santiago de Compostela, y Sant Feliu, esta petición dirigida al Gobierno central

El Ayuntamiento de Pamplona y ocho de los principales ayuntamientos del país han remitido este martes una carta conjunta a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, demandándole cambios en el bono social y la formalización de un espacio de trabajo con los ayuntamientos para la reforma de dicha ayuda, que es hasta la fecha la única relacionada con la pobreza energética.

Junto al Ayuntamiento de Pamplona, firman la iniciativa las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Cádiz, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid y Sant Feliu de Llobregat. Los alcaldes y alcaldesas firmantes de la misiva señalan "una profunda preocupación por el problema de la pobreza energética y por la falta de medidas efectivas para asegurar el acceso a los suministros básicos de las personas y familias en situación de vulnerabilidad". "Somos los ayuntamientos quienes en gran medida cubrimos las necesidades energéticas de las familias cuando lo demás falla" por lo que solicitan interlocución directa en esta materia "sin órganos intermedios".

La carta propone cinco cambios en el bono social. El primero se refiere a la cobertura. Demandan los cambios regulatorios necesarios para ampliar la cobertura del bono social a los clientes de comercializadoras que no sean de referencia y piden que cualquier comercializadora que lo desee pueda prestar el bono social. "A día de hoy, como sabe, sólo tienen acceso al bono social las clientas y clientes de 8 comercializadoras en todo el Estado de las más de 700 que existen. Ésta es una discriminación injustificable, que supone canalizar los recursos públicos hacia un grupo de empresas que dominan el sector, y además, excluye a más de la mitad de los contratos, tanto de la ayuda, como de la protección contra el corte de suministro" señala la carta.

El segundo cambio que proponen es que las empresas energéticas estén obligadas a adaptar los contratos de las familias vulnerables a sus necesidades reales (optimización de potencia y tarifa) antes de aplicar el bono social, para evitar que se sigan subvencionando "a través del bono social descuentos sobre facturas mucho más altas de lo necesario" argumenta el escrito.

Además, solicitan que la aplicación del bono social sea automática, como sucede en Portugal desde el año 2016 pues, según exponen, la tramitación está impidiendo el acceso a miles de familias. Asimismo, piden que se aplique el principio de precaución tal y como recoge la Ley Catalana 24/2015, para que las empresas energéticas no puedan cortar la luz sin comprobar que la familia o persona no está en situación de vulnerabilidad. Y finalmente solicitan que se destine recursos y personal en los Ayuntamientos formación, asesoramiento y acompañamiento energético a las familias vulnerables.

Pamplona, 18 de diciembre de 2018

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