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El alcalde, miembros de la corporación municipal y familiares de los fallecidos presentan la primera querella a nivel estatal contra crímenes del fran

La querella solicita investigar 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos y se centra en 17 casos, de los que cuatro se adhieren personalmente

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, junto con miembros de la corporación municipal y familiares de los fallecidos han presentado esta mañana en la Audiencia de Pamplona la documentación que acompaña a la primera querella a nivel estatal contra crímenes del franquismo en una ciudad. También ha estado presente la abogada que lleva el caso, Lourdes Etxeberria. La querella, que solicita la investigación de hasta 309 muertes y más de 1.000 encarcelamientos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona, se ha centrado en 17 casos concretos, de los que cuatro, ya sea en primera persona o a través de familiares, se han adherido personalmente a la denuncia. Por tanto, estas cuatro personas serán querellantes junto al Ayuntamiento. La querella, presenta oficialmente de forma telemática, se completa con la documentación que le sirve de base y que ya está en poder de la Audiencia.

Las 17 personas recogidas en la querella son Florencio Alfaro Zabalegui, Gregorio Angulo Martinena, Juan Elías Antón Murguiondo, Martín Arbizu Goñi, Pedro Belloso García, Gloria Bosque Ezquer, José Luis Cano Pérez, Corpus Dorronsoro Arteta, Victorino García Enciso, Moisés Garjón Arostegui, Julián Carlos Goñi Ziganda, José Roa García, Mariano Sáez Morilla, Tomás Salinas Beorlegui, Ángel Sanz Montero, Amadeo Urla Aramburu y Javier Urroz Domínguez. Los cuatro casos que se suman a la querella son los de Gloria Bosque Ezquer (en nombre propio), Moisés Garjón Arostegui (se suman sus familiares), José Roa García (se suman sus familiares) y Ángel Sanz Montero (en nombre propio).

Querella basada en informe de la UPNA y de acuerdo a los mandatos del Pleno

La querella se basa en el informe pericial encargado por el Ayuntamiento de Pamplona a la UPNA sobre la vulneración de derechos humanos durante la Guerra Civil y el franquismo en Pamplona. Las conclusiones de ese informe confirmaron que 309 pamploneses y pamplonesas fueron asesinados o muertos en cautividad durante el franquismo por razones políticas, en la mayoría de los casos, sin juicio previo ni sentencia firme. En total, se tiene constancia de que fueron represaliadas y objeto de vulneración de derechos humanos 1.310 personas en la ciudad, cifra que supone una primera aproximación ya que existen otros 451 casos sobre los que se tiene noticia pero aún no se han podido validar y cientos más que, según el equipo de investigación de la UPNA, saldrán a la luz a raíz de la realización de este trabajo.

La interposición de esta denuncia viene a cumplir con lo acordado en los Plenos del pasado 1 de diciembre y del 27 de noviembre de 2015 en los que se solicitaba interponer una querella criminal antes los Juzgados de Instrucción de Pamplona para que se investigara los crímenes contra la humanidad que afectaron a vecinos y vecinas de la ciudad durante la dictadura franquista. Además, el Consistorio Pamplonés impulsó la creación de la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria en una jornada en octubre del año pasado en la que participaron representantes de los consistorios de Barcelona, Madrid, Zaragoza, A Coruña, Vitoria-Gazteiz, Cádiz y Rivas. La red está abierta a la adhesión de otros pueblos y ciudades y no se basa "en afán de revancha alguna, sino en la exigencia humana de Verdad, Justicia y Reparación, algo reclamado durante mucho tiempo por la ciudadanía a la que nos debemos".

De acuerdo a la norma nacional y los acuerdos internacionales

La calificación jurídica de los hechos denunciados tiene en cuenta tanto la norma nacional como la internacional. Esto es, tipificación de genocidio o crimen de lesa humanidad conforme a las normas internacionales e imposición de pena conforme al Código Penal interno que tipifica y sanciona el delito correspondiente, que puede ser asesinato, detención ilegal, desaparición forzada, lesiones, torturas o agresión sexual. Constituyen crímenes internacionales tal y como está expresamente contemplado en el artículo 5 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (Estatuto de Roma) de 17 de julio de 1998, ratificado por España el 19 de octubre de 2000 y que entró en vigor el 1 de julio de 2002, y en los principios de Nüremberg de 1945 aprobados en el Congreso de Londres de ese año.

Son numerosas las resoluciones y acuerdos de las Naciones Unidas que establecen la obligación internacional del Estado de perseguir penalmente los crímenes internacionales cometidos en su territorio. A título de ejemplo se pueden citar los Principios de cooperación internacional en la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad, aprobados el 3 de diciembre de 1973 mediante Resolución 3074 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Pamplona, 17 de marzo de 2017

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